Apenas unas semanas atrás, escribía yo una reflexión que versaba acerca de la omnipotencia que demuestra la mayoría en el deliberativo departamental. Pues bien; aquí me tienen de nuevo tecleando sobre el mismo tema. Hace algunas horas, se procedió finalmente en la Junta Departamental de Rivera, a votar la enmienda presupuestal que establece las correcciones de rumbo al presupuesto quinquenal para el departamento.
Allí, como ha trascendido por todos los medios, el tema central sería y fue la votación de la compensación salarial para los alcaldes de los municipios de Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero y de la persona que ocupa el cargo de Inspector General del departamento. 100% de incremento en lo que percibiría cada uno de ellos. A algunos no agrada que se diga “aumento de sueldo”, por lo que prefiero referirme a este bochorno con el eufemismo con que lo nombré en la oración anterior.
Alcaldes que no son otra cosa que Concejales que ocasionalmente obtuvieron más votos que sus compañeros de Concejo Municipal y que permanentemente hacen saber de sus dificultades presupuestales para lograr llevar adelante las obras por las que se comprometieron ante sus electores.
Alcaldes que están al frente de municipios que en Rivera, aún no tienen reglamentado su funcionamiento, pues es una deuda pendiente de la propia Junta Departamental. Alcaldes a los que hasta ahora no se había visto en conjunto en el edificio de la corporación legislativa, intentando pelar por la reglamentación adeudada. Pero que ahora sí se los pudo ver, como un solo soldado, para asegurarse que su remuneración personal aumentaría considerablemente.
Por otro lado, no estaba presente Carlos Migorena, encargado de la Inspección General. Éste, a diferencia de los anteriores, al menos tuvo el decoro de no hacerse ver.
Pero valoraciones personales aparte, que las poblaciones de cada municipio sabrán en su momento enjuiciar, creo que lo más sustancial que deja esta situación vivida, radica en todo lo que se pudo debatir antes y sobre todo después de la votación de estas compensaciones. Dos partidos fraccionados; uno de ellos que termina la odisea con unos cuantos magullones, pues en plena sesión ya hubo quien pretendiera evidenciar supuestas ilegalidades a la hora de votar. Hubo, hay y continuará habiendo una suerte de tira y afloje para que desde el tercer piso del edificio de Agraciada 570 se actúe en consecuencia y se aplique el máximo rigor con aquellos que en el ejecutivo o fuera de él, responden a los sectores que no acompañaron al menos en su totalidad el texto propuesto en primera instancia.
Ahora bien, ¿no habrá visualizado nadie en el sector de gobierno departamental que si varias de las bancas coloradas, aún a riesgo de sufrir alguna que otra represalia como las que se vienen sugiriendo a través de algunos medios, prefirieron caminos alternativos a la propuesta inicial, tal vez se debiera a que realmente es una propuesta indecorosa e inmoral?
¿No habrá alguien en el sector de gobierno que sea capaz de advertir que unos días después de que el Inspector General viera restringido su poder en el tránsito del micro centro, las cosas comenzaron de a poco a encaminarse? Ya no se ven más las reservas de espacios con sillas, caballetes, tarimas, etc. Ya no se ven vehículos particulares estacionados en los espacios reservados para ómnibus del transporte de pasajeros, a los que además se les cobraba ticket de zona azul, desde que Migorena fue relevado de la responsabilidad de manejar a su antojo el tránsito allí.
¿No tendrá entonces razón la agrupación 29 del partido colorado al intentar con su voto negativo marcar su protesta contra lo que tal vez entiendan sea ratificar la superposición de funciones entre la Dirección General de Tránsito y Transportes, a cargo de Gustavo Guedes, uno de sus hombres más notables y la Inspección General a cargo de Migorena?
Las aguas por las que habrá que navegar de aquí en más, pareciera comienzan a agitarse más de lo que a prori se suponía. Y hay unos cuantos que no estarían dispuestos a disimularlo.
Es el precio que se debe pagar cuando se espera que la vieja forma de hacer política a base de reparto de cargos, se sobredimensiona al punto en el que todos y cada uno, se cree con el derecho de exigir una tajada mayor del botín.
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